Los asesores nos cuentan: Deloitte, Posting Directive
Fuente: Susana Burgueño López, Socia de Deloitte Legal.
Tenemos un nuevo “trending topic” en el mundo de la movilidad internacional: la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores (a la que coloquialmente nos referimos como “Posting Directive”, “la Posting” o, simplemente, “PWD”).
Si bien la Directiva es del año 1996 y en España está vigente desde que en el año 1999 se traspuso a través de la Ley 45/99, es desde hace poco más que un par de años que cada vez está tomando un mayor protagonismo a la hora de planificar la movilidad internacional de los trabajadores (tanto respecto al colectivo de desplazamientos “ordinarios” como el de viajeros frecuentes). La “Enforcement Directive” o “Posting II” del año 2014 y su trasposición a España en el año 2017 y los cambios que se avecinan con la trasposición de la modificación de la “Posting I” el próximo año han impulsado el papel protagonista de la Directiva y las obligaciones que de ella se derivan.
Hasta ahora, observamos que es la obligación de notificar el desplazamiento ante la Autoridad Laboral del país de destino, así como el nivel salarial que ha de respetarse, las cuestiones que están recibiendo una atención más inmediata por parte de las empresas, doctrina y personas que formamos parte del mundo de la movilidad internacional.
Sin embargo, entre las condiciones laborales mínimas que han de respetarse en el país de destino (el llamado “núcleo duro”), es “la salud, la seguridad y la higiene en el trabajo” (en palabras de nuestra Ley 45/99, “la prevención de riesgos laborales”) una de las cuestiones que quizá menos atención está recibiendo a pesar de su subrayada relevancia.
Es cierto que el ejercicio de valoración y comparación del nivel de protección otorgado por la normativa de seguridad y salud del país de origen y el proporcionado por la normativa del país de destino, es una tarea compleja y en la que de momento no existen procedimientos ciertos, de probada eficacia, que sirvan de guía para que las empresas puedan llevar a cabo esta labor de coordinación internacional de una manera ágil y cierta.
Hasta el momento en el que exista un instrumento jurídico que facilite la coordinación internacional en materia de prevención de riesgos laborales (por ejemplo, al igual que ocurre en el ámbito de la Seguridad Social, mediante la celebración de Convenios Bilaterales con distintos países, detallando las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales que competen tanto a la empresa de origen como de destino y cómo llevar a la práctica la gestión y ejecución de la coordinación de las actividades empresariales entre origen y destino, incorporando formularios concretos para que las empresas puedan intercambiarse información, etc.) son las compañías las que, internamente, deben elaborar procesos que cubran adecuadamente estas obligaciones.
En el ámbito de la movilidad internacional intragrupo, sería recomendable la elaboración de Protocolos Internacionales de Prevención de Riesgos Laborales, en los que se detallen:
i. Las obligaciones en materia preventiva que corresponden tanto a la empresa de origen como de destino, en los distintos supuestos de movilidad internacional de la plantilla (desplazamientos ordinarios, suspensiones del contrato en origen y contratación en destino, viajeros frecuentes, trabajadores que prestan servicios en varios estados a la vez, trabajadores internacionales, etc.).
ii. El procedimiento específico que las empresas involucradas en el escenario de movilidad internacional deben cumplir: a efectos de informar y enviar la documentación acreditando el cumplimiento de tales obligaciones, i.e. en materia de evaluación de los riesgos, de las obligaciones de formación e información (no limitándose solo al nuevo puesto, sino también al nuevo entorno en el que se va a desenvolver el trabajador, así como los riesgos psicosociales que pueden surgir en la adaptación al proceso de movilidad), certificado de vigilancia de la salud (o, en su defecto, cómo se va a llevar a cabo la vigilancia de la salud del empleado con carácter previo y durante la asignación), copia de la evaluación de riesgos del puesto, etc.
iii. Designación de interlocutores en cada país en materia preventiva, a efectos de llevar a cabo la coordinación de la actividad preventiva.
En ausencia de lo anterior, sugerimos la celebración de un acuerdo entre la empresa de origen y de destino en el que regular estas cuestiones (adicionalmente a otras derivadas del episodio de movilidad internacional concreto que se esté formalizando).
En la movilidad internacional con empresas terceras, los aspectos de prevención de riesgos laborales deberían quedar claramente regulados(incluyendo la delimitación de las obligaciones de cada empresa) en el contrato de prestación de servicios que se formalice.
Adicionalmente a lo anterior, es preciso involucrar al propio empleado en cuanto al cumplimiento de las obligaciones en materia preventiva. Sería así aconsejable la inclusión de una cláusula en la carta de desplazamiento que se formalice con el trabajador indicando las obligaciones que le corresponden en materia de prevención de riesgos laborales y, fundamentalmente, respecto a la obligación de comunicar a la empresa los riesgos que pueda haber detectado en el país de destino (y respecto a los cuales la empresa de destino pueda no haber informado debidamente a la de origen).
En esta línea, el contacto constante y fluido con el trabajador asignado durante toda la estancia en el país de destino (e.g. telefónicamente o a través del correo electrónico) es de vital importancia con la finalidad de llevar a cabo un adecuado seguimiento del estado del empleado, desde la fase inicial de adaptación – tanto del propio empleado como de la familia – hasta la finalización de la asignación.
De este modo, la prevención de riesgos laborales es, en nuestra opinión, el que será el nuevo trending topic que se viralizará en el mundo de la movilidad internacional, a la vista del interés que por él están tomando las instituciones europeas, el Senior Labour Inspections Commitee (a.k.a. SLIC), nuestra Inspección de Trabajo, la RSC de las compañías, así como la importancia que la prevención de riesgos laborales tiene sobre la salud y bienestar de los empleados. Debemos prepararnos para ello.
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La presidenta de la Comisión Europea adelanta las líneas generales del programa fiscal del nuevo mandato
El 16 de julio, el Parlamento Europeo confirmó a Ursula Von Der Leynen como nueva presidenta de la Comisión Europea. En su discurso ante el Parlamento, la nueva presidenta señaló cuáles serán las prioridades de la Comisión europea durante el nuevo mandato, entre las cuales cabe destacar el establecimiento de un impuesto sobre el carbono en frontera, así como conseguir un sistema tributario justo en el que las empresas, digitales en mayor o menor medida, paguen su parte justa de impuestos.
En un discurso muy centrado en la política medioambiental, la presidenta de la Comisión aseguró establecerá un impuesto sobre el carbono en frontera, para evitar la fuga de carbono. Comenzaría con una serie de sectores con la idea de ampliarlo gradualmente. También se revisará la Directiva sobre impuestos a la energía, de manera que se pueda garantizar que las empresas europeas puedan competir en igualdad de condiciones.
Parece que la nueva Comisión está pensando en establecer un impuesto, en línea con el solicitado en mayo por España, mediante carta de las ministras de Energía y de Hacienda a sus homólogos de la Unión Europea. Se trata de un impuesto por el que se grava, en frontera, las importaciones de productos producidos bajo estándares climáticos más bajos.
La presidenta señaló, así mismo, la equidad tributaria como uno de los pilares fundamentales de la economía europea, que definió como social de mercado. Todos deben pagar su parte justa de impuestos, sin excepciones. La presidenta considera que una carrera hacia la baja socava la capacidad de los países para establecer políticas tributarias que satisfagan las necesidades de sus economías y ciudadanos. La UE y los impuestos de sociedades internacionales necesitan una reforma urgente. No son aptos para las realidades de la economía global moderna y no capturan los nuevos modelos de negocios en el mundo digital.
Es urgente la reforma de la tributación de las empresas multinacionales con vistas a conseguir una igualdad de condiciones, para los distintos tipos de empresas más o menos digitalizados. Señala que la tributación de las grandes empresas tecnológicas es una prioridad, por lo que, si bien plantea esperar a la solución que se alcance en la OCDE en el año 2020, afirma que, si para entonces no existe una solución global para un impuesto digital justo, la UE deberá actuar sola.
La nueva presidenta no abandona el proyecto estrella de la UE en fiscalidad directa, señalando que una base imponible común consolidada del impuesto de sociedades (CCCTB) proporcionaría a las empresas unas normas únicas para calcular el impuesto en la Unión Europea favoreciendo el establecimiento de un sistema tributario simple.
Finalmente, aboga por ir hacia la codecisión para la adopción de propuestas en el ámbito fiscal, regla que actualmente impera en la mayoría de los ámbitos de competencias de la UE. La regla de codecisión supondría eliminar la posibilidad de veto que actualmente tienen los países en esta materia, ya que se decidiría por mayoría cualificada en el Consejo, junto con la Parlamento. La anterior Comisión ya presentó un plan de trabajo para ir abandonando gradualmente la unanimidad y si bien los estados se mostraron reticentes, el único país que claramente dio su apoyo al cambio de regla de decisión fue España.
Fuente: Periscopio Fiscal y Legal, PwC
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Cambiamos de domicilio
FEEX cambia de domicilio.
En dicho traslado, se tuvieron en cuenta tanto la localización para nuestros socios como la funcionalidad del nuevo espacio. Las nuevas oficinas se encuentran en Factoría Centro de Negocios, calle Agustín de Foxá 40, Madrid. Se encuentran situadas en la parte superior de la estación de Chamartín.
Esperamos verte pronto.
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Objetivo: regular la movilidad laboral en la UE
El Pilar Europeo de Derechos Sociales, aprobado en noviembre de 2017, instauró los principios que debían regir la regulación sociolaboral comunitaria, destacando la igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo, condiciones de trabajo justas y la protección e inclusión social. En respuesta a todo ello, la Comisión Europea impulsó la aprobación de buena parte de las iniciativas antes mencionadas con el ánimo de velar por una mejora de la protección de los derechos de los trabajadores en el marco de una movilidad sostenible y justa que evite dumping social y competencia desleal.
Para este último propósito, Consejo, Parlamento y Comisión han impulsado un importante paquete normativo materializado con dos directivas en relación con el desplazamiento de los trabajadores, una en 2014 y otra en 2018, un proyecto de reforma del Reglamento 883 de coordinación de sistemas de seguridad social, no concluida aún, y finalmente, la creación de la Autoridad Laboral Europea, cuya principal misión es velar, en coordinación con las autoridades nacionales, por el cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de movilidad de los trabajadores en aplicación del principio de libre prestación de servicios.
Las principales novedades de este nuevo cuerpo normativo de la movilidad son la exigencia a las empresas que desplacen trabajadores a prestar servicios a otro país de la Unión Europea a comunicar por adelantado a la autoridad laboral de destino dicho desplazamiento, garantizar determinadas condiciones de trabajo en destino equiparables a las del origen, llevar un registro horario de la jornada realizada y mantener la documentación relativa a dicho desplazamiento, entre otras obligaciones. El ordenamiento jurídico español, que aún debe incorporar antes de junio de 2020 las modificaciones aprobadas en 2018 a la directiva de desplazamiento de trabajadores, ha establecido en ocho días el periodo del desplazamiento a España y desde España a otros Estados miembros objeto de seguimiento a partir del cual debe ser comunicado por adelantado; ha fijado en cuatro años el periodo durante el cual debe mantenerse disponible la documentación, y ha tipificado una sanción máxima por el incumplimiento de estas obligaciones de hasta 180.000 euros por trabajador.
La nueva autoridad laboral tiene entre sus objetivos asistir a la Comisión y a los Estados miembros en la aplicación y el cumplimiento efectivo de la normativa comunitaria relativa a la movilidad de los trabajadores y la coordinación de sistemas de Seguridad Social. Y entre otras muchas funciones, la autoridad podrá sugerir a la autoridad nacional competente realizar inspecciones laborales concertadas o conjuntas para verificar el cumplimiento de la normativa comunitaria.
A su vez, la autoridad desarrollará, en cooperación con las autoridades nacionales y, en su caso, los interlocutores sociales, directrices comunes no vinculantes para uso de los Estados miembros, así como definiciones compartidas y conceptos comunes para la interpretación de la normativa en materia de movilidad de los trabajadores.
Queda claro, pese a la indiferencia con la que la opinión pública suele enfrentarse a las políticas impulsadas desde el ámbito comunitario, que la incidencia de la normativa europea –y su jurisprudencia, como se ha visto recientemente con la sentencia del TJUE en relación con el registro de jornada– es cada vez mayor en nuestra regulación. Es por ello imprescindible que los agentes políticos, económicos y sociales tomen plena conciencia de ello y, en consecuencia, participen si cabe más activamente en el diseño de dicha normativa para garantizar su adecuación a las necesidades de nuestra realidad económica y social, en este contexto de transformación que enfrentan nuestros mercados de trabajo. Y queda claro también, con la creación de la Autoridad Laboral Europea, que las empresas deben prepararse, una vez definida y aprobada dicha normativa, para cumplirla puntualmente.
Juan Pablo Riesgo es Socio en el área de ‘people advisory services’ de EY Abogados
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Bruselas lleva a España al TJUE por sanciones fiscales excesivas
El pasado jueves, 6 de junio, la Comisión Europea (CE) llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por imponer sanciones excesivas a todos aquellos contribuyentes que no notifican a Hacienda activos en otros países de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.
Dichos activos lo constituyen las propiedades, cuentas bancarias y activos financieros. Estas sanciones son superiores a las impuestas por infraestructuras similares en el ámbito nacional y pueden incluso superar el valor de los activos poseídos en el extranjero.
Por tanto, aunque la Comisión considera que, España tiene derecho a imponer sanciones, estas “son desproporcionadas y discriminatorias” y “pueden disuadir a las empresas y a los particulares de invertir o circular a través de las fronteras en el mercado único”.
Para Bruselas, estas disposiciones “entran en conflicto con las libertades fundamentales de la UE, tales como la libre circulación de personas, la libre circulación de trabajadores, la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales”.
En febrero de 2017 avanzó un paso más y le pidió que tomase medidas para modificar sus normas sobre los activos en países de la Unión Europea, el denominado “Modelo 720”. Pese a que España tenía dos meses para hacerlo, en más de dos años el país aún no ha cumplido, por lo que Bruselas ha decidido remitir el caso a la máxima instancia judicial comunitaria.
Nuevo capítulo para Brexit
El gran evento protagonista de la semana pasada fue, nuevamente, el Brexit. Theresa May resignaba a finales de semana, reconociéndose incapaz de conseguir avanzar en algo que, por otro lado, ya veía la mayoría desde hace tiempo como imposible. Lo cierto es que la opción sustitutiva de May puede ser mucho más agresiva, en términos de buscar un Brexit duro, si finalmente es Boris Johnson el candidato que toma esa silla. Al menos, parece que en las reacciones iniciales, se prefiere abrir vías a entendimientos que parecían complicadas de ver con Theresa, con Laboristas y con los propios Conservadores. Un cuarto rechazo al acuerdo con los socios europeos parecía demasiado ya. Habrá que seguir de cerca esto, pero, precisamente, lo que no tenemos cerca es una solución inmediata. El riesgo del hard-Brexit no se materializará hasta que se aproxime octubre como fecha oficial de salida para UK, y por eso aún las reacciones no son exageradas, ni siquiera negativas.
Y tras el fin de semana, las elecciones europeas traían consigo un castigo a Conservadores y Laboristas, con la fuerza pro-Brexit como ganadora PERO la suma de fuerzas pro-remain eran las mayoritarias. Empiezan a salir candidatos para sustituir a May, y, el Parlamento de UK se mantiene muy dividido frente al Brexit, aunque aún favorable hacia una salida ordenada, con lo que se aventuran tiempos de negociaciones intensas y complicadísimas de aquí a la salida forzada del 31 de octubre. Porque, una nueva extensión en ese deadline no se descarta, aunque existiría la clara oposición de algunos miembros, especialmente Francia.
Iván Sáez Fuertes | Executive Director | PAS – People Advisory Services
Brexit:Cross-party talks
Poco hablamos últimamente de Brexit, pero las cosas no le van nada bien a May en estos “Cross-party talks” en los que se encuentra imbuida, con muchos parlamentarios, y no enemigos directos precisamente sino conservadores, a los que se les acaba la paciencia y piden una hoja de ruta clara para la salida de la Primera Ministra. Quieren que así sea antes del 15 de junio, con amenaza de un cambio de reglas que permita una nueva moción de censura.
La libra se mueve en mínimos de 4 meses, y las soluciones simplemente no se ven si todo sigue igual. Publica Bloomberg uno de esos gráficos que ya hemos visto en estadios anteriores en el proceso y que ayudan a entender la situación, pero es que cada vez es más claro que, en el inicio de todo, de donde parte todo, que es el resultado de las negociaciones entre partidos, May está vista cada vez con menos confianza, y es mucho peor que eso creo, como para llegar a algo.
Iván Sáez Fuertes | Executive Director | PAS – People Advisory Services
FEEX en la Comisión Europea
El pasado 26 de abril el FEEX ha tenido la oportunidad de mantener una reunión en la UE para presentarse como Asociación profesional así como el informe realizado: “Proposals for a Balanced implementation on the Postinfg of Workers Directive” por el equipo de trabajo constituido hace un año y formado por Accenture quien lidera el proyecto, Enel, Everis, Ferrovial, Técnicas Reunidas, Cuatrecasas, Sagardoy e EY al que damos las gracias por su dedicación y profesionalidad durante todos estos meses.
La reunión tuvo lugar en la sede de la Comisión Europea en Bruselas con la Delegación de la Comisión Europea de Empleo, Asuntos Sociales y Movilidad Laboral compuesta por:
- Inge Bernaerts. Head of Cabinet of European Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility.
- Jordi Curell. Director of Labour Mobility
- Piet Van Nuffel. Member of cabinet in charge of free movement of workers, coordination of social security schemes, Labour law and Brexit.
Por parte del FEEX asistieron:
- Maite Rivero, Vicepresidenta y Leader del proyecto
- Angeles González Vigil, Secretaria General
- Juan Pablo Riesgo, Socio-People Advisory Services-EY
Nuestro objetivo es darnos a conocer como asociación profesional especialista en el ámbito de la movilidad internacional de personas y los procesos de internacionalización de las empresas, así como poder colaborar con ellos en el futuro para potenciar una movilidad laboral ordenada y justa en la UE con la reciente creación de la European Labour Authority.
FEEX ha trasladado su posicionamiento en relación con los asuntos que más nos preocupan de la Directiva de desplazamiento de trabajadores, Posted Worksers Directive, los cuales han sido de interés para la Comisión indicándonos que serán tenidos en consideración en la medida de lo posible.
FEEX se ha establecido como interlocutor relevante para la Comisión a los efectos de movilidad de trabajadores y coordinación de sistemas de seguridad social por el mero hecho de haber mantenido esta reunión a alto nivel y haberse registrado ante la Comisión al efecto. Adicionalmente a ello, la propia directora de gabinete de la comisaria y el director de movilidad de los trabajadores de la Comisión han conferido dicha condición de interlocutor relevante a FEEX proponiendo la primera la remisión del documento práctico o guía que están preparando y harán pública próximamente y, el segundo, poniéndose a disposición de FEEX para recibir y estudiar casos concretos que conozca de aplicación de la directiva de manera contraria a los principios que la inspiran.
FEEX ha recibido información relevante de la Comisión en materia de aplicación de Posting, destacando la inminente publicación de una guía práctica de aplicación.
Asimismo destacamos la próxima entrada en funcionamiento de la European Labour Authority (ELA), cuyo principal objetivo será promover inspecciones conjuntas que promuevan el efectivo cumplimiento de la directiva y la regulación de seguridad social.
Seguiremos avanzando.
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Brexit:extensión hasta 31 de octubre
Acuerdo ayer de prolongación hasta el 31 de octubre, una solución que parece quedarse en el medio de nada, con Francia que no “gana”, porque se oponía a la extensión, y Alemania que tampoco, porque proponía una más larga. Es una extensión flexible, pero que hará que, a no ser que lo evite May antes del 22 de mayo como es su objetivo, pero ya hemos visto los “no avances” continuos en este sentido, UK participe en unas elecciones europeas de las que surgirá un Parlamento que, a la postre, tendrá que cambiarse si, efectivamente, el espíritu de esta extensión es el de que haya Brexit, ordenado, eso sí.
Esta extensión, que se venía descontando, reconoce la EU que es más corta de lo que se esperaba, y tan flexible como se esperaba, e insta a May a aprovecharla, en un mensaje que suena a que habrá pocas concesiones a futuro. Lo cierto es que Europa parecía más firme hace unas semanas que ahora, y que parece echar un cable en una situación actual en la que las salidas para el país británico no parecen evidentes, vamos a decirlo así con buenas palabras y sin ensalzar una coyuntura actual que imagino que se recordará por tiempo.
Iván Sáez Fuertes | Executive Director | PAS – People Advisory Services
Brexit,… solo hay preguntas.
Por hablar de algo de lo que nos ocupa, el Brexit encara otra semana fundamental, aunque lo cierto es que estamos ya habituados a empezar cada semana con una especie de cantinela acerca de lo crucial que es el siguiente estadio en el proceso. Al menos hay que reconocer el esfuerzo que le debe de suponer a Theresa May plegar rodilla ante la oposición a la hora de buscar puntos comunes de entendimiento antes de llegar a una ruptura brusca, pero es que, ¿hay otra salida si no es la de buscar desesperadamente puntos comunes que desbloqueen el estancamiento parlamentario? Ahora mismo sí que parece que, o en el Summit europeo extraordinario del miércoles 10 se concede una extensión del artículo 50, como parece ocurrirá y a pesar de que hay países como Francia que parecen más negativos a ofrecer más tiempo, o la ruptura será consumada el viernes, que era el deadline marcado si no había una solución con la que Europa pudiera convivir antes. Como leía a un economista autóctono: “the only certain things in all this are the questions”.
Esto es, solo hay preguntas por el momento.
Esperamos daros alguna certeza hacia mitad adelantada de semana (laboral).
Iván Sáez Fuertes | Executive Director | PAS – People Advisory Services