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Crónica Summer Meeting 2019

El pasado 26 de junio se celebró la reunión de socios de la Asociación, Summer Meeting, en Casa Club.

El comienzo de la jornada vino presidido por la Asamblea General de Socios, donde una vez tratados los puntos del orden de la misma se destacó el lanzamiento del Estudio de Movilidad Internacional de las empresas del FEEX que se realizará durante el mes de septiembre. Maite Rivero, vicepresidenta 2ª y Ángeles González-Vigil, Secretaria General, comentaron la importancia de este estudio como presentación institucional de la Asociación, poniendo en valor la representatividad de las empresas asociadas en los desplazamientos de trabajadores de empresas españolas ante las Administraciones Públicas y Autoridades Europeas.

A continuación, se presentó la I Edición de los galardones FEEX AVANZA. Un reconocimiento a todos aquellos socios que emplean su tiempo y conocimiento a los intereses comunes de los asociados. Se distinguieron cuatro categorías: Empresa, Asesor, Proyecto e Institución, reconociendo el soporte de los socios en cuanto a la difusión de información para el interés de la Comunidad FEEX.

Jorge Martín recogía el premio otorgado a INECO en la categoría empresa por su colaboración y soporte en la organización del estudio del benchmarking sobre el Modelo Organizativo de la función de Movilidad Internacional.

Bárbara Pardo aceptaba el galardón en la categoría asesor para Ernst & Young Abogados, por su ayuda a la hora de difundir y defender los intereses de las empresas asociadas en varios foros.

En cuanto a la categoría Proyectos, se galardonó al proyecto Brexit, distinguiendo a Iván Saéz de EY por sus artículos de opinión y a KPMG, cuyo galardón fue entregado a Lourdes Corral por su labor de análisis y valoraciones sobre el impacto que el BREXIT tiene para las empresas españolas.

Del mismo modo, en la categoría proyectos, se galardonó a Sagardoy y PwC, cuyas distinciones fueron recogidas por Ana Garicano y Luisa Moreno, por el proyecto de Criterios de Aplicación de la Ley de Emprendedores.

Siguiendo con la categoría de proyectos, se premió al proyecto Posted Workers Directive liderado por Accenture y con la participación de Enel, Everis, Ferrovial y Técnicas Reunidas y un Equipo Técnico Asesor formado por Cuatrecasas y Sagardoy. El galardón fue recogido por Maite Rivero en representación de todos sus compañeros.

Para finalizar esta entrega de premios, se otorgó la distinción en categoría Institución a la Cámara de Comercio de España, recogida por Inmaculada Riera, Directora Genera, por ser uno de los principales aliados estratégicos de FEEX.

Una vez más, queremos agradecer y felicitar a todos los galardonados por su apoyo y dedicación a lo largo de este año.

Tras la recogida y entrega de distinciones se dió paso a uno de los puntos clave de la velada, la firma del acuerdo institucional del Convenio de Colaboración con la Cámara de Comercio de España con la presencia de Dª Inmaculada Riera, Directora General, y Andrés Pereda, Director de Desarrollo de Negocio. Antonio Naz resaltó la importancia de la Cámara en el desarrollo empresarial en España, por su trabajo consultivo y su gran apoyo a la internacionalización de las empresas españolas.

Por último, se presentaron dos de los proyectos que se están desarrollando actualmente:

El proyecto Posted Worked Directive, fue presentado por Maite Rivero, representando a Accenture, quién destacó la importancia del cumplimiento de dicho proyecto por el impacto en el desplazamiento de trabajadores.

Ana Garicano explicó el proyecto Criterios de aplicación de la Ley de Emprendedores, exponiendo los pasos a seguir como Asociación ante la Dirección General de Migraciones a la vuelta del verano con la configuración del nuevo Gobierno.

Para finalizar el Presidente, Antonio Naz mostró un especial agradecimiento a nuestros socios asesores cuyo soporte es importantísimo para el tratamiento de problemáticas concretas, así como fuente de conocimiento en Movilidad Internacional.

La velada concluyó con todos los socios compartiendo un espacio de networking, con un “Vino Español”, en el jardín de Casa Club lo que nos permitió celebrar los objetivos alcanzados, así como unirnos más ante los retos futuros.

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El Consejo Europeo de ministros de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores celebrado recientemente adoptó formalmente importantes decisiones, culminando una fructífera legislatura comunitaria en materia de regulación del empleo y las relaciones laborales. Las nuevas directivas de conciliación de la vida personal y laboral, y la de mejora de la transparencia y previsibilidad de las condiciones laborales, adoptadas por el Consejo, así como la modificación de 2018 de la directiva de desplazamiento de trabajadores, son importantes iniciativas cuya trasposición al ordenamiento jurídico español tendrá sin duda relevantes consecuencias. La creación de la Autoridad Laboral Europea, de próxima implantación en la ciudad de Bratislava, supondrá un punto de inflexión en la coordinación y supervisión de las políticas de empleo en la Unión.

El Pilar Europeo de Derechos Sociales, aprobado en noviembre de 2017, instauró los principios que debían regir la regulación sociolaboral comunitaria, destacando la igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo, condiciones de trabajo justas y la protección e inclusión social. En respuesta a todo ello, la Comisión Europea impulsó la aprobación de buena parte de las iniciativas antes mencionadas con el ánimo de velar por una mejora de la protección de los derechos de los trabajadores en el marco de una movilidad sostenible y justa que evite dumping social y competencia desleal.

Para este último propósito, Consejo, Parlamento y Comisión han impulsado un importante paquete normativo materializado con dos directivas en relación con el desplazamiento de los trabajadores, una en 2014 y otra en 2018, un proyecto de reforma del Reglamento 883 de coordinación de sistemas de seguridad social, no concluida aún, y finalmente, la creación de la Autoridad Laboral Europea, cuya principal misión es velar, en coordinación con las autoridades nacionales, por el cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de movilidad de los trabajadores en aplicación del principio de libre prestación de servicios.

Las principales novedades de este nuevo cuerpo normativo de la movilidad son la exigencia a las empresas que desplacen trabajadores a prestar servicios a otro país de la Unión Europea a comunicar por adelantado a la autoridad laboral de destino dicho desplazamiento, garantizar determinadas condiciones de trabajo en destino equiparables a las del origen, llevar un registro horario de la jornada realizada y mantener la documentación relativa a dicho desplazamiento, entre otras obligaciones. El ordenamiento jurídico español, que aún debe incorporar antes de junio de 2020 las modificaciones aprobadas en 2018 a la directiva de desplazamiento de trabajadores, ha establecido en ocho días el periodo del desplazamiento a España y desde España a otros Estados miembros objeto de seguimiento a partir del cual debe ser comunicado por adelantado; ha fijado en cuatro años el periodo durante el cual debe mantenerse disponible la documentación, y ha tipificado una sanción máxima por el incumplimiento de estas obligaciones de hasta 180.000 euros por trabajador.

La nueva autoridad laboral tiene entre sus objetivos asistir a la Comisión y a los Estados miembros en la aplicación y el cumplimiento efectivo de la normativa comunitaria relativa a la movilidad de los trabajadores y la coordinación de sistemas de Seguridad Social. Y entre otras muchas funciones, la autoridad podrá sugerir a la autoridad nacional competente realizar inspecciones laborales concertadas o conjuntas para verificar el cumplimiento de la normativa comunitaria.

A su vez, la autoridad desarrollará, en cooperación con las autoridades nacionales y, en su caso, los interlocutores sociales, directrices comunes no vinculantes para uso de los Estados miembros, así como definiciones compartidas y conceptos comunes para la interpretación de la normativa en materia de movilidad de los trabajadores.

Queda claro, pese a la indiferencia con la que la opinión pública suele enfrentarse a las políticas impulsadas desde el ámbito comunitario, que la incidencia de la normativa europea –y su jurisprudencia, como se ha visto recientemente con la sentencia del TJUE en relación con el registro de jornada– es cada vez mayor en nuestra regulación. Es por ello imprescindible que los agentes políticos, económicos y sociales tomen plena conciencia de ello y, en consecuencia, participen si cabe más activamente en el diseño de dicha normativa para garantizar su adecuación a las necesidades de nuestra realidad económica y social, en este contexto de transformación que enfrentan nuestros mercados de trabajo. Y queda claro también, con la creación de la Autoridad Laboral Europea, que las empresas deben prepararse, una vez definida y aprobada dicha normativa, para cumplirla puntualmente.

Juan Pablo Riesgo es Socio en el área de ‘people advisory services’ de EY Abogados

El pasado jueves, 6 de junio, la Comisión Europea (CE) llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por imponer sanciones excesivas a todos aquellos contribuyentes que no notifican a Hacienda activos en otros países de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

Dichos activos lo constituyen las propiedades, cuentas bancarias y activos financieros. Estas sanciones son superiores a las impuestas por infraestructuras similares en el ámbito nacional y pueden incluso superar el valor de los activos poseídos en el extranjero.

Por tanto, aunque la Comisión considera que, España tiene derecho a imponer sanciones, estas “son desproporcionadas y discriminatorias” y “pueden disuadir a las empresas y a los particulares de invertir o circular a través de las fronteras en el mercado único”.

Para Bruselas, estas disposiciones “entran en conflicto con las libertades fundamentales de la UE, tales como la libre circulación de personas, la libre circulación de trabajadores, la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales”.

En febrero de 2017 avanzó un paso más y le pidió que tomase medidas para modificar sus normas sobre los activos en países de la Unión Europea, el denominado “Modelo 720”. Pese a que España tenía dos meses para hacerlo, en más de dos años el país aún no ha cumplido, por lo que Bruselas ha decidido remitir el caso a la máxima instancia judicial comunitaria.

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